La situación laboral de muchos profesionales de la rehabilitación en Colombia limita con la ilegalidad.  Vivimos en un país donde las leyes aún no escritas o ambiguas aseguran un vacío legal que favorece a las grandes empresas de la salud.  Los contratos por prestación de servicios, por ejemplo, fomentan la inequidad económica y la inseguridad laboral cuando no se realizan acorde a la ley y es que aunque se encuentren claros sus parámetros, la falta de sanciones legales y de claridad en las normas permiten a las entidades continuar utilizando esta figura laboral no vinculante para suscribir a sus terapeutas, ahorrar dineros de las prestaciones sociales y desentenderse de sus obligaciones patronales.

Debemos preguntarnos si nuestro trabajo presenta las tres características siguientes (interpretación personal del Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo):

  1. Nosotros mismos ejecutamos la actividad para la que fuimos contratados.
  2. Tenemos que seguir las órdenes de un jefe (subordinación) en cuanto a modo, tiempos o cantidad de trabajo, existe un reglamento o normativas, y/o cumplimos un horario impuesto por el empleador.
  3. Obtenemos un salario como retribución de nuestro servicio.

Si la respuesta a los tres enunciados es “sí” lamento decirle que aunque tenga un contrato verbal o por escrito que indique que es un contratista por prestación de servicios, no es así. Usted tiene un “Contrato Realidad” que no es otra cosa que un contrato laboral de hecho, ya que por ley prima la situación objetiva sobre el tipo de contratación que las partes hayan adoptado para denominar el vínculo laboral.

¿Y qué pasa con eso? Triste y sencillo: Muchos profesionales trabajamos bajo las tres características que nos suscriben a un contrato laboral sin los beneficios de éste: Pagos por parte del empleador de auxilio de transporte (si devenga hasta dos salarios mínimos), horas extras, dos primas al año, vacaciones, cesantías (y sus intereses), Primas de servicio, dotación de uniformes (si devenga hasta dos salarios mínimos),  Pago de un porcentaje de la EPS, pensiones y de ARL, ICBF, SENA, caja de compensación familiar (que genera subsidios varios) y la liquidación que se recibe al finalizar el contrato laboral. “Pero nuestro salario es mayor que si nos pagaran un salario fijo junto con las prestaciones” dicen algunos… Yo les respondo: No, no es mayor comparando las horas laboradas, los pagos obligatorios del total de la seguridad social, el pago de la Retención en la fuente e ICA y las tarifas que usualmente pueden pagarnos nuestras entidades gracias a las EPS, con sus monumentales robos, atrasos y falta de pago oportuno.

Voy a tratar de demostrarlo con un caso muy claro que adapté de www.finanzaspersonales.com.co. El valor de $1.000.000 es a modo de ejemplo porque facilita las cuentas, pero no debería reflejar los salarios actuales de los profesionales de la rehabilitación.

“Pongamos el caso de dos personas. La persona A gana $1’000.000 por contrato laboral y la B $1’000.000 por prestación de servicios.

  DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
Salario básico $1.000.000 $1.000.000
Subsidio de transporte $77.700
Salario más subsidio $1.077.700 $1.000.000
Retefuente (10%) Aplica a salarios por encima de 300 UVT
ICA (1%) $10.000
Pensión (16%) $27.600 $110.200
Salud (12,5%) $27.600 $86.100
ARL (Riesgo III) $16.800
Salario menos descuentos $1.022.500 $776.900
Prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses y vacaciones, $164.259
Salario más prestaciones $1.186.759 $776.900
Dotaciones (3 pares al año dividido 12) $30.000 (aprox)
Salario más dotaciones $1.216.759 $776.900

 

A recibe como salario neto $1.022.500 (que se obtienen de sumarle el subsidio de transporte de $77.700 y restarle los $55.200 que le descontaron por aportes a salud y pensión). Hay que tener en cuenta que por prestaciones sociales el asalariado recibe un 22% más de su salario cada mes, por lo que A recibirá en promedio $1’186.759 Y si se le suma la dotación (aproximada) que constituye salario en especie, su ingreso neto mensual será de $1’216.759. Más los subsidios de la Caja de compensación, que no fueron considerados en el ejemplo.

Por su parte, B debe pagar $10.000 por ICA y hacer aportes a Salud, Pensión y Riesgos profesionales en su totalidad, en este caso, por valor de $213.100  por lo que su ingreso neto será de $776.900.

Con un salario hipotético de un millón de pesos mensuales, A recibe todos los meses aproximadamente $439.859 más que B. Considere además que si su salario como prestador de servicios es mayor a 300 UVT debe pagar también un 10% por concepto de Retención en la fuente. Para que ambos empleados tuvieran el mismo ingreso neto y mantener el mismo nivel de vida, sería necesario que B ganará un básico alrededor de $1’500.000” es decir, tendría que trabajar más horas que A o negociar una tarifa mayor, lo cual es poco realista considerando la situación actual del sistema de salud.

Es cierto un trabajador independiente con contratos de prestación de servicios (reales o no) puede ganar más que un trabajador con contrato, porque en teoría puede manejar su tiempo, tener varias fuentes de ingreso, trabajar más horas de las que por ley se le permite al contrato de trabajo… ¿Pero a qué costo? ¿Dónde está la calidad de vida, la dignidad del trabajo, el apoyo gubernamental? ¿Dónde está el tiempo libre, los horarios de estudio, la salud física y mental? Además, ¿Somos lo suficientemente organizados con nuestras finanzas para programar unas vacaciones, pagar los costos de una incapacidad inesperada, o si nos despiden? ¿Qué pasa durante los tiempos en los que disminuye nuestra consulta y facturamos menos? ¿Ya planeamos nuestra jubilación? Probablemente seamos organizados y tengamos todo cubierto, pero puede que no. Pregúnteselo seriamente, porque con este tipo de contratación no hay liquidaciones ni cesantías ni subsidios que lo cobijen en un imprevisto.

En el sector público se han hecho avances jurídicos, logrando sentencias de la Corte Constitucional que avalan la ilegalidad de los contratos por prestación de servicios para servidores públicos; existen docenas de fallos que favorecen demandas al tipo de contratación de diversos empleados con un contrato ilegal de prestación de servicios, pero en el sector de rehabilitación no pasa nada todavía. Es urgente que nos movilicemos y agenciemos un cambio real en nuestras condiciones laborales, amparados en la ley, pero en una ley clara que no deje lugar a dudas sobre lo que merecemos. Podría ser una manera efectiva de dignificar nuestro quehacer, de ejercer nuestras profesiones con tranquilidad, con estabilidad, con calidad de vida, pensando en nosotros y en nuestras familias.

 

Para conocer más tal vez quiera consultar, entre otros:

  • Código civil
  • Código Sustantivo del Trabajo
  • Concepto del Ministerio de Trabajo: ELEMENTOS DEL CONTRATO REALIDAD, radicado 50299 del primero de marzo de 2013
  • http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-614-09.htm
  • https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/UNIV/relaciones-laborales-sector-salud.pdf
  • http://www.gerencie.com/indemnizacion-en-el-contrato-de-prestacion-de-servicios.html
  • http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/el-costo-de-ser-trabajador-independiente/37996

ASD

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